Mientras sus viviendas no estén en condiciones de recibir el servicio los Usuarios afectados no costearán facturas de energía y sus deudas anteriores se diferirán hasta por 36 meses.
Mediante el decreto 0214 de 2026 el Gobierno Nacional adopta medidas extraordinarias para apaciguar la carga económica de las familias aquejadas por la emergencia climática consecuencia del fenómeno de “frente frío” que desde hace algunas semanas afecta nuestro país; La medida establece que los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados no tendrán que pagar facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, hasta que sus hogares recuperen condiciones seguras para la prestación del servicio De la misma forma, el decreto ordena a las empresas prestadoras diferir las deudas del ciclo de facturación anterior a esta situación, permitiendo a los usuarios damnificados pagar esos valores en plazos de al menos 12 meses, con posibilidad de ampliar hasta 36 meses en casos relacionados con reposición de equipos o acometidas dañadas, sin cobro de intereses.
Estas decisiones benefician a miles de familias afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde las lluvias e inundaciones han impactado gravemente la infraestructura eléctrica y las condiciones de vida de la población.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el objetivo del decreto es proteger a las comunidades en medio de la crisis; explicó que el decreto busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y acelerar la recuperación de la infraestructura afectada.
"Estamos tomando medidas extraordinarias para que el sistema eléctrico pueda recuperarse rápidamente, pero al mismo tiempo para que las familias damnificadas tengan alivios reales en sus facturas. La energía es un servicio esencial y el Estado debe garantizar su acceso en condiciones justas, especialmente en momentos de emergencia", señaló.
El decreto asimismo vislumbra facilitar la reconstrucción de la infraestructura eléctrica afectada y priorizar recursos del sector para restaurar el servicio en las zonas impactadas por la calamidad.
Con estas acciones, el Gobierno nacional busca proteger el acceso al servicio público de energía y apoyar la recuperación social y económica de las comunidades afectadas, mientras avanzan las labores de reconstrucción en las regiones golpeadas por el fenómeno climático.



















