El anuncio de una posible liquidación de Air-e para fusionar sus activos con Gecelca, otra empresa pública del Caribe colombiano, ha encendido las alarmas en el sector eléctrico nacional. Expertos y funcionarios del propio Gobierno advierten que la operación, tal como está planteada, enfrenta obstáculos legales, financieros y operativos que la hacen inviable en el corto plazo.
Barreras legales que frenan la operación
Uno de los principales impedimentos es de orden normativo. Gecelca tiene habilitadas únicamente las actividades de generación y comercialización de energía, pero no la distribución de electricidad. Para incorporar esta función, sería necesario modificar las leyes 142 y 143 de 1993 —la Ley de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica—, que prohíben expresamente la integración vertical de nuevos agentes en el sistema eléctrico.
Adicionalmente, cualquier proceso de liquidación de Air-e exigiría garantizar previamente el pago de las deudas acumuladas desde la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como la continuidad en la prestación del servicio durante el periodo de transición hacia una eventual nueva empresa operadora.
Una deuda que pesa $2,5 billones
El principal escollo financiero es la magnitud del pasivo acumulado por Air-e. Según cifras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en los 21 meses transcurridos desde la toma de posesión por parte de la Superservicios —lapso en el que no se han inyectado recursos a través del Fondo Empresarial— las deudas suman $2,5 billones. De ese total, $1,7 billones corresponden a obligaciones con termoeléctricas, cerca de $300.000 millones con plantas hidroeléctricas, y $500.000 millones con Interconexión Eléctrica (ISA) y el Grupo Energía Bogotá. A esto se suman deudas con proveedores de servicios y equipos cuyo monto aún no ha sido cuantificado oficialmente.
Riesgo sistémico para el sector térmico
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió que una liquidación desencadenaría consecuencias graves para todo el sistema eléctrico. "Hoy en día lo que sostiene al sector térmico es que los bancos todavía confían en que se les va a pagar. Pero si ocurre una liquidación, claramente no va a haber pago", señaló. En ese escenario, la confianza del sistema financiero en el sector se vería comprometida, con efectos en cadena sobre la operación de las plantas generadoras.
Castañeda también destacó que actualmente no existe dentro del portafolio de empresas públicas ninguna compañía con la solidez financiera y el objeto social necesario para asumir la distribución de electricidad a la escala que opera Air-e, que atiende a tres departamentos del Caribe colombiano. Las distribuidoras públicas disponibles son de menor tamaño y capacidad operativa.
Un proceso que requiere planeación y respaldo institucional
Voces técnicas al interior del Gobierno también han llamado a la prudencia. Desde la Superintendencia de Servicios Públicos se ha señalado que, antes de avanzar en cualquier proceso de liquidación, es indispensable asegurar el pago de las obligaciones postoma y garantizar la continuidad del servicio para los usuarios del Caribe durante la transición.
La discusión sobre el futuro de Air-e pone sobre la mesa un desafío estructural: cómo resolver la crisis financiera de una empresa intervenida que presta un servicio esencial, sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico ni desproteger a los consumidores de la región.
