El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, ha expedido un proyecto de decreto que obliga a las hidroeléctricas a realizar el 95% de sus contratos a largo plazo, con el objetivo principal reducir los precios de la energía y proteger a los usuarios regulados de la volatilidad existente en el mercado.

El Decreto establece que las empresas generadoras, cuya generación está basado principalmente en fuente hidráulica, deben priorizar la venta de la energía a través de contratos de largo plazo. “Al menos el 95% de la generación horaria del portafolio hídrico de cada generador deberá ser vendido en contratos”, señala el texto.

Esta directiva responde a la necesidad de disminuir la exposición de los usuarios a los precios fluctuantes de la bolsa de energía en Colombia. Una dinámica que afecta especialmente a más de doce millones de hogares en situación de vulnerabilidad económica, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de ese país. 

“Los precios altos y volátiles de la bolsa de energía impactan directamente en las tarifas del servicio eléctrico, afectando la capacidad de los hogares más vulnerables para atender sus necesidades básicas”, señala el documento.

El proyecto busca a su vez, mitigar los efectos de variabilidad hidrológica y cambio climático, presentes en fenómenos como El Niño y que generan un aumento en los precios debido a la menor participación de fuentes hídricas en la generación de energía. De igual manera, se propone fomentar la contratación a largo plazo como un mecanismo para garantizar tarifas más estables y accesibles.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) será quien implemente los mecanismos necesarios en un tiempo estimado de tres meses con el fin de garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa.

El decreto ha generado un debate amplio entre los actores del sector energético, quienes analizan su impacto potencial en la dinámica del mercado y en la sostenibilidad del sistema eléctrico.