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La Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sancionada por el Presidente Iván Duque en Valledupar, le dedicó un acápite especial al salvamento de ELECTRICARIBE. Además de asumir por parte de la Nación el pasivo pensional, calculado en la suma de $1.2 billones, se tomarán medidas al amparo del PND en procura de inyectarle recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, convirtiéndolo en una especie de FOGAFIN, para el salvamento de las empresas prestadoras de servicios públicos en estado crítico, entre ellas una sobretasa de $4 por KWH hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberán pagar los estratos 4, 5 y 6. Por esta vía se recaudarían $180.000 millones anuales, aproximadamente.

Se estableció, también, una contribución adicional del 1%, que deberán pagar las empresas vigiladas como suplemento a la contribución que vienen pagando en virtud del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, se flexibiliza la norma regulatoria que limita al 25% de dominio del mercado de distribución o comercialización por parte de las empresas operadoras, elevando dicho porcentaje hasta el 35%, lo cual no deja de ser riesgoso.

Precisamente en la Ley 143 de 1994, la Ley eléctrica, para evitar abusos de posición dominante en el mercado eléctrico, se estableció la restricción que ahora se remueve y también se determinó la prohibición de la integración vertical, que también se deja ahora sin efecto. Está por determinarse las consecuencias que se pueden derivar de esta decisión que se tomó en volandas sin reparar en ellas.

La propuesta más atrevida y por ello la que muy seguramente va a despertar mayor rechazo es la que plantea autorizar al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria para la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P o las empresas derivadas…que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las cuales se preste el servicio público. Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional. Dicho de otra manera, como lo dice el artículo 289 del PND “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país. Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN-, “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”. ¡Dicho y hecho!

Y, de contera, preocupa sobremanera que este cambio planteado en la estructura tarifaria para el cual se está facultando al gobierno nacional, quien expedirá “un régimen regulatorio especial” exclusivo para ELECTRICARIBE, podría llegar a debilitar la defensa del Estado en su querella con Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Ello podría, en cambio, fortalecer a la contraparte, puesto que entre sus alegatos ha aducido que el esquema tarifario vigente al momento de la intervención por parte de la Superintendencia tornaba inviable la operación. Al introducir estos cambios en la regulación “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se le estaría dando la razón. A todas esas, como bien se sabe, un pleito como el que está planteado en esta disputa entre Nación y Naturgy como se puede ganar se puede perder. Y en el caso hipotético que se pierda, cabe preguntarse qué va pasar con los recursos que se han invertido y los que se inviertan por parte del Estado a través del Fondo empresarial, así como con aquellos que se inviertan con cargo a los recursos del SGR, a lo que se le da vía libre en el PND. De hecho, se tiene previsto invertir en ELECTRICARIBE en lo que resta de este año, según la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño la suma de $860.000 millones.

Quién le va a responder a los usuarios por los 216.000 millones de subsidios que le fueron girados por parte del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Distribución del Ingreso a ELECTRICARIBE para aplicárselos a los usuarios y que, según investigación de la Contraloría General de la República, terminaron en sus alforjas. Quién va a asumir la deuda contraída por ELECTRICARIBE con los bancos, con los generadores y con sus proveedores. Son todos interrogantes que inquietan.

Amylkar Acosta Medina.
Ex ministro de Minas y Energía.
Miembro de Número de la ACCE.
www.amylkaracosta.net

Con base en la información recopilada para esta edición de Mundo Eléctrico, podemos evidenciar que en los últimos años, la energía solar ha adquirido un desarrollo vertiginoso en todo el Planeta, tan acelerado, que el ritmo de su crecimiento ha sido superior al presupuesto que se tenía previsto para la promoción de los proyectos de generación de esta categoría. China, Estados Unidos, Japón, India, Alemania, son los países que predominan hoy en la producción de energía solar, en el mundo y por el lado latinoamericano, México, Brasil y Chile, son los que se destacan en esta naciente industria.

Si bien, en el 2018, este ritmo de crecimiento se vio un poco entorpecido, especialmente en Estados Unidos, China, Japón, la India y Arabia Saudita, este 2019 se ha visto un repunte muy importante con una mayor claridad en las políticas en precios altamente competitivos de almacenamiento solar. Los mercados emergentes en América Latina, Oriente Medio y África vienen aumentando rápidamente y se estima que comiencen a generar resultados después de 2020.

Otra de las evidencias de este “florecimiento” de la industria solar es el hecho de que, para 2017, la capacidad global había aumentado casi un tercio, hasta aproximadamente 402 GW dc. Aunque la capacidad de la energía solar fotovoltaica se concentra en una pequeña lista de países, al final de ese mismo año, cada continente había instalado al menos 1 GW y al menos 29 países tenían 1 GW o más.

Los expertos aseguran que la expansión del mercado obedece en gran medida a la competitividad de la energía solar fotovoltaica, sumada a la creciente demanda de electricidad en los países en desarrollo y la creciente conciencia del potencial de la tecnología para mitigar la contaminación, reducir las emisiones de dióxido de carbono y proporcionar acceso a la energía.

Las instalaciones con capacidad de energía solar fotovoltaica (FV) prácticamente también han duplicado las de la energía eólica (en segundo lugar), y han aportado más capacidad neta que el carbón y el gas natural. Esta dinámica, está atrayendo a nuevos participantes a la industria, incluidas las compañías de petróleo y gas.

Es preciso reconocer que toda esta “bonanza” se ha visto favorecida particularmente por la implementación de nuevas políticas de los gobiernos, orientadas a respaldar la integración de las energías renovables y a un despertar de la conciencia por mitigar el calentamiento global.

El caso colombiano es también muy interesante, pues si bien, la energía solar es una industria relativamente joven, en menos de una década ha venido ganando terreno de forma admirable. Así lo demuestra el más reciente informe de la UPME, el cual indica que en la actualidad, hay 645 proyectos de generación vigentes en el país, de los cuales 403 son de tipo solar, 150 hidráulicos, 52 térmicos, 27 eólicos y 13 de biomasa. Y a nivel país, el Valle del Cauca ostenta el liderato en materia de desarrollo de proyectos solares, con 49 hasta el momento, seguido de Tolima (28), Cundinamarca (28), Antioquia (27), Bogotá (27), Atlántico (23), Cesar (23) y Huila (20).

Todas estas razones nos permiten concluir que la energía solar se está convirtiendo en el indiscutible líder de la generación en Colombia y en el mundo.

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